Washington, DC.- El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la solicitud de la República Dominicana de asistencia financiera de emergencia bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) equivalente a DEG 477.4 millones (aproximadamente US$650 millones, o el 100 por ciento de la cuota) para satisfacer las urgentes necesidades de la balanza de pagos derivadas del brote de la pandemia de COVID-19.
El IFR proporciona recursos oportunos a las autoridades que tienen la intención de utilizar para gastos esenciales de salud relacionados con la COVID-19 y apoyar a la población vulnerable. Las autoridades también buscan la asistencia de otras instituciones multilaterales.
Para absorber el shock macroeconómico, las autoridades dominicanas están implementando un paquete de medidas fiscales, macroprudenciales y de supervisión junto con la flexibilización monetaria para mantener la actividad económica durante la crisis.
El gobierno aumentó el gasto en atención médica para enfrentar la pandemia y creó un programa de asistencia social titulado “Quédate en casa” para impulsar las transferencias monetarias a los pobres.
Una vez concluida la discusión del Directorio Ejecutivo, Tao Zhang, Subdirector Gerente y Presidente en Funciones, destacó que “La gravedad del shock global de la COVID-19 ha perturbado la economía de la República Dominicana y ha creado urgentes necesidades de balanza de pagos y financiamiento fiscal. Las autoridades implementaron rápidamente medidas para contener y mitigar la propagación de la pandemia. Con incertidumbres en torno a la duración y la propagación de la pandemia, las consecuencias económicas podrían intensificarse aún más si las medidas de contención necesitan ser extendidas”.
“Las políticas macroeconómicas y financieras han sido acomodaticias en respuesta a la pandemia. Las medidas fiscales temporales para acomodar el mayor gasto público en salud y las transferencias dirigidas a los más vulnerables son apropiadas. Una vez que la pandemia retroceda, será importante volver a una consolidación fiscal gradual, incluido el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo, para garantizar que la relación deuda pública/PIB se mantenga sostenible y en una senda descendente.
