domingo, octubre 6, 2024
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Juristas y jueces analizan la factibilidad del Poder Judicial para reactivar los procesos en medio de la emergencia del COVID-19

SANTO DOMINGO (RD).- Jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial y cortes de apelación sostuvieron el miércoles un conversatorio con destacados juristas de distintas especialidades, quienes analizaron y respaldaron el plan para continuar el servicio judicial y reactivar gradualmente las actividades presenciales. 

El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), en colaboración con La Escuela Nacional de la Judicatura, realizó el webinar Pandemia y Justicia: retos del Poder Judicial en tiempos de distanciamiento físico, en el que analizaron la posibilidad de aplicar la virtualidad para conocer procesos en todas las áreas del derecho: civil, penal, de familia, inmobiliaria, de trabajo y administrativo. 

El jurista Ramón Núñez, presidente del ICED, destacó la receptividad del Poder Judicial con las propuestas de la entidad que dirige, para habilitar procesos en diferentes materias mientras persista el aislamiento social por el COVID-19, utilizando la modalidad virtual como se ha hecho hasta el momento desde las Oficinas Judiciales de Servicio de Atención Permanente. 

“Lo que nos movió es precisamente aportar esas reflexiones, abrir un espacio de debates, aportes, todo con miras al fortalecimiento de justicia. Yo creo que esta actividad viene precisamente a coronar en el contexto en que estamos, porque ya el Consejo del  Poder Judicial dictó importantes resoluciones  con las cuales este diálogo se amplía y toma mayor actualidad”, expresó Núñez. 

Con su resolución 004-2020, el Consejo del Poder Judicial estableció el Plan de continuidad de labores judiciales, para abrir procesos y servicios, que tiene previsto habilitar en su fase inicial el lunes 1 de junio. 

Por el ICED participaron los juristas Dilia Leticia Jorge Mera, experta en asuntos de familia;  Laura Acosta, en materia inmobiliaria; el civilista Benjamín Rodríguez, el laboralista Martín Bretón, el penalista Pedro Balbuena y Manuel Fermín, quien abordó el tema administrativo. 

Mientras que por el Poder Judicial participaron los jueces de la Suprema Corte de Justicia Justiniano Montero Montero y  Rafael Vásquez Goico, así como el consejero  Fernando Fernández Cruz y los magistrados Arelis Ricourt y Claudio Aníbal Medrano, coordinadora del Departamento Judicial de La Vega y coordinador del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, respectivamente.  

Mientras que el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Dariel Suárez, destacó la importancia de ese diálogo para la comunidad jurídica y el Poder Judicial y el compromiso de la academia con la capacitación de jueces, juezas y servidores judiciales en el uso de herramientas para la virtualidad. 

El grupo de abogados entiende que la modalidad virtual es aplicable en todas las materias, facilidad que debe perdurar más allá de la situación sanitaria por el COVID-19; en algunos procesos del tipo penal prevén que la opción presencial será ineludible. 

En materia de tierras, un punto favorable fue el proceso de automatización de la Jurisdicción Inmobiliaria iniciado hace años y consideran es esta la más preparada para afrontar el reto de la virtualidad. 

Mientras que en asuntos de familia se destaca la necesidad de fortalecer los centros de mediación familiar del Poder Judicial y la creación de bancos de mediadores disponibles para cuando las partes quieran conciliar.

Por su lado, los jueces participantes ven interesantes las propuestas del ICED y enumeraron las medidas asumidas por el Consejo del Poder Judicial para reactivar los procesos y garantizar la protección de derechos fundamentales. 

Destacaron que la virtualidad y digitalización de procesos es un eje establecido en  Visión Justicia 20/24, cuya implementación se inició en enero pasado, y  consideran que el documento del ICED es un respaldo al citado plan estratégico. 

Los magistrados  explicaron que con las bases normativas que se están estableciendo de manera reglamentaria no se sustituye ni modifica el orden jurídico ni los procedimientos establecidos en algunas de las áreas. 

Entre los retos que tiene el PJ figuran trabajar un protocolo para la mediación virtual, abrir más centros de entrevistas, fortalecer el modelo de gestión de audiencias y el modelo de gestión de notificación. 

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