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CUBA.- manifestantes pacíficos de Manicaragua han entrado en la lista de prisioneros políticos en octubre. De acuerdo con la sentencia emitida en octubre de 2025, el tribunal de Villa Clara condenó a los ciudadanos Raymond Martínez Colina, Carlos Hurtado Rodríguez, Osvaldo Agüero Gutiérrez y Yoan Pérez Gómez por el supuesto delito de “Desórdenes Públicos”. El fallo judicial sostiene que los acusados “afectaron la tranquilidad ciudadana” y pretendían “apabullar a los funcionarios”, en referencia a las manifestaciones pacíficas del 20 de octubre de 2024 en el municipio de Manicaragua. Ese día, más de un centenar de personas se reunieron de forma espontánea y pacífica frente a la sede del Gobierno municipal para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, coreando la consigna “Queremos corriente”, siendo los cuatro ciudadanos arrestados y permaneciendo privados de libertad sin tutela judicial alguna desde su detención.
Raymond Martínez Colina y Carlos Hurtado Rodríguez fueron arbitrariamente condenados a 6 años de privación de libertad por el delito de “Desórdenes Públicos”, y Osvaldo Agüero Gutiérrez y Yoan Pérez Gómez fueron arbitrariamente condenados a 5 años de privación de libertad por la misma imputación.
El proceso judicial estuvo marcado por la ausencia de pruebas materiales de actos violentos o daños, lo que enfatiza su carácter arbitrario y puramente represivo. Estas condenas reflejan el uso del sistema penal cubano como herramienta para castigar el ejercicio pacífico del derecho a la reunión, manifestación y expresión ciudadana, en violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el preso político Leonard Richard González Alfonso fue detenido en junio de 2025 en La Habana por el infame e ilegal tipo penal de “Propaganda contra el orden constitucional”, tras colocar simples carteles con mensajes de protesta pacífica como “¿Hasta cuándo?… ¡Nos están matando!”. La acción, de carácter simbólico, no violento y un mero ejercicio de derechos fundamentales, fue reprimida y reinterpretada por las autoridades cubanas, en violación de la legislación internacional, como un acto “delictivo”. El detenido fue arrestado sin tutela judicial y actualmente se encuentra recluido en la Prisión Combinado del Este aún sin tutela judicial alguna, donde enfrenta sus previos y graves problemas de salud mental. En efecto, Leonard Richard padece un trastorno de la personalidad con episodios de delirios de euforia y depresión profunda, con tres intentos de suicidio documentados. Antes de su encarcelamiento, recibía atención psiquiátrica desde 2017 en el Servicio de Higiene Mental del Municipio de Regla.
A pesar de su diagnóstico clínico oficial, el cual que hace incompatible su estancia en una prisión de máximo rigor, las autoridades no han garantizado atención médica adecuada ni han considerado su grave dolencia psiquiátrica previa a las actuaciones como motivo para revisar su situación carcelaria.
A su madre, que lucha por la defensa jurídica de su hijo y es quien trata con los “abogados” del gobierno (no existen abogados independientes en Cuba, pues son todos obligados a depender del gobierno), las autoridades le niegan el acceso a la información judicial del caso, lo que refleja la violación del derecho a la defensa del sistema penal cubano en contra de los presos por motivos de conciencia víctimas de la palmaria represión de derechos fundamentales, y viola, además del proceso penal cubano, las normas internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad con graves afectaciones de la salud mental. Además del deterioro evidente de la víctima en prisión, es obvio y alarmante el riesgo para la vida del recluso, que acumula tres intentos de suicidio.
Los hermanos Manuel Caballero Oduardo y Yunia Jazmín Caballero Oduardo, de 21 y 19 años respectivamente, han entrado en la lista de presos políticos este mes. Enfrentan procesos judiciales por los supuestos delitos de “Atentado” y “Desacato”. Sus detenciones ocurrieron en un contexto de represión policial y vulneración del derecho a la vivienda, cuando la pareja de Manuel, embarazada en ese momento, se alojaba en un local deshabitado, ante la falta de alternativas habitacionales. La policía política actuó con violencia contra ellos, procediendo al desalojo forzoso y a la detención de ambos hermanos, quienes fueron golpeados brutalmente durante el operativo. Según los testimonios recogidos por activistas locales, el uso de la fuerza fue desproporcionado y todo el proceso tuvo lugar sin tutela judicial alguna. Actualmente, Manuel Caballero Oduardo enfrenta una condena de 4 años de privación de libertad, mientras que su hermana Yunia Jazmín Caballero Oduardo cumple una pena de 2 años de privación de libertad, ambas derivadas de fabricadas acusaciones de “Desacato”, delito proscrito por la legislación internacional, y “Atentado” contra las autoridades, un recurso falsario muy usado por las autoridades para fabricar penas más largas a determinadas personas no afectas con la mal llamada “revolución”. No se han reportado evidencias de agresión física o verbal hacia los agentes, lo cual reafirma que las condenas, fabricadas, responden a la represión violatoria de los derechos fundamentales de los acusados. El caso refleja el uso del sistema penal cubano para criminalizar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad social, castigando tanto la protesta como las acciones a las que se ven compelidos para su supervivencia vital. La violenta y desproporcionada respuesta de las fuerzas de seguridad y la falta de garantías procesales constituyen violaciones graves a los derechos humanos, al derecho a la integridad personal y al debido proceso. Ha entrado también en la lista de presos políticos Mario Víctor Liqui Rodríguez, activista y delegado de los movimientos MD y MONR, así como promotor de Cuba Decide y de la Alianza Republicana Cubana (ARC), que fue detenido violentamente este pasado octubre de 2025 en La Habana. Su arresto fue ejecutado sin tutela judicial alguna, cuando agentes de las fuerzas represivas conocidas como “boinas negras” irrumpieron en su vivienda en el municipio de Marianao. Tras la deención, fue trasladado de forma irregular entre varias instalaciones policiales: primero a la 6ta unidad de la PNR en Marianao, luego a Aguilera, y finalmente al centro Villa Marista, un centro de detención y tortura de la Seguridad del Estado. La madre del preso político fue citada e interrogada el 14 de octubre de 2025 en Villa Marista, donde los agentes preguntaron sobre las actividades políticas del detenido y sus vínculos con el activista y ex preso político exiliado, José Díaz Silva, líder opositor a quien se refirieron de forma despectiva llamándolo el “mono Silva”. Durante el interrogatorio, le informaron que Mario Víctor estaba siendo acusado de colocar carteles críticos con el Gobierno en zonas que abarcan desde La Lisa hasta el centro de La Habana. Desde entonces, la familia desconoce su paradero exacto y su estado físico, lo que genera preocupación por su seguridad y por el riesgo de desaparición forzada temporal. El activista ya había cumplido previamente una condena de tres años de prisión bajo cargos fabricados de “Propaganda contra el orden constitucional”, entre otros. Tras su excarcelación, continuó con su activismo a favor de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en Cuba. Su nuevo arresto representa una reincidencia en el patrón de criminalización y persecución política que el Gobierno cubano mantiene contra promotores de iniciativas democráticas.El caso de Mario Víctor Liqui Rodríguez evidencia la sistemática represión ejercida contra activistas de base y líderes locales de organizaciones prodemocráticas, la falta de debido proceso del sistema penal y la utilización de detenciones arbitrarias y desapariciones temporales como herramientas de control político, de anulación del derecho a la defensa efectiva y de disuasión a escala social mediante castigos ejemplarizantes. Del mismo modo, ha entrado este mes en la lista de presos políticos Luis González Martínez, quien se encuentra detenido sin tutela judicial alguna, cumpliendo una sanción cuya naturaleza no ha sido siquiera oficialmente comunicada. De acuerdo con informaciones recientes, Luis González ha sido víctima de agresiones físicas dentro de la prisión, pese a encontrarse ya en estado de salud crítico. El prisionero padece Dengue y presenta hematuria (sangrado en la orina), condición que exige cuidados médicos urgentes que le han sido negados por las autoridades penitenciarias. Los reportes señalan que fue golpeado por agentes y por reclusos bajo órdenes de la seguridad del penal, lo que constituye un acto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por el derecho internacional. Su esposa ha manifestado desesperación y temor por su vida. El caso de Luis González Martínez refleja de nuevo la situación de extrema vulnerabilidad y abandono médico de los presos de conciencia en Cuba, así como el uso de la violencia carcelaria como herramienta de castigo y coerción contra quienes son considerados opositores o disidentes, incluso en condiciones de grave enfermedad. Vuelve a prisión el joven exconvicto de conciencia Óscar Corría Sánchez , de 25 años, preso político que ha sido objeto de detenciones repetidas desde 2021, y de un hostigamiento judicial y policial sistemático. Este pasado octubre fue detenido nuevamente sin tutela judicial, tras presentarse voluntariamente a una citación policial en Contramaestre, Santiago de Cuba. Esta nueva detención se produce tras haber cumplido una condena anterior de 3 años de privación de libertad, impuesta por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 (11J). Su causa previa (76/21 del Tribunal Municipal de Contramaestre) estuvo marcada por la fabricación de pruebas en su contra, sesgo ideológico en la sentencia y motivaciones políticas durante todo el proceso. En la documentación judicial se incluyeron valoraciones discriminatorias y moralizantes, como la supuesta “desajustada conducta moral y social” del acusado o su “falta de integración a las organizaciones de masas”, organizaciones del partido comunista, evidenciando la naturaleza represiva del proceso. Tras su excarcelación, Corría denunció pérdida severa de peso (más de 18 Kg), enfermedades cutáneas no tratadas, y condiciones penitenciarias inhumanas. Había iniciado, tras haber pasado más de 20 días detenido sin proceso judicial en la unidad policial de Contramaestre, una huelga de hambre que su familia, por la falta de contacto por imposición de las autoridades, no sabe si continúa a día de hoy. A raíz del interrogatorio que se produjo en su última detención y ante el ofrecimiento bajo coacción de las autoridades, y su negativa a trabajar como agente encubierto para la Seguridad del Estado, fue acusado arbitrariamente, no por un tribunal o juez alguno, sino por los mismos agentes, de los supuestos delitos de “Desacato” y “Desobediencia”, quedando detenido en ese mismo instante. Las autoridades le impusieron, sin tutela judicial, una fianza de 200.000 pesos cubanos (una suma equivalente a más de dos años y medio del salario medio en Cuba), algo desproporcionado, inalcanzable, y que tiene el claro propósito de mantenerlo en prisión. Su hermana, presente durante el suceso, relató que los agentes provocaron deliberadamente al detenido, hablándole con tono ofensivo y empujándola a ella fuera de la oficina cuando ella intentó defenderlo, porque según su testimonio el comportamiento de Óscar fue pacífico en todo momento lo que, además de la palmaria y total falta de debido proceso, demuestra el carácter arbitrario y fabricado de las acusaciones. El caso de Óscar Corría Sánchez revela el uso del aparato judicial y policial como mecanismo de persecución política y control social, en el que la negativa a colaborar con el Estado o expresar disidencia se castiga con la privación de libertad y todo tipo de torturas. Asimismo, demuestra la continuidad del acoso y persecución estatal contra los exprisioneros políticos del 11J, mediante causas fabricadas y privaciones de libertad sin garantías. Virgilio Mantilla Arango, activista de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, ha sido víctima de reiteradas detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados por su labor cívica y sus denuncias públicas contra el régimen cubano.
Su última detención, ocurrida este pasado mes de octubre, está vinculada al infame e ilegal tipo penal de “Propaganda contra el orden constitucional”, tras la difusión de videos descriptivos de la situación social y económica del país. Mantilla fue trasladado a la prisión Kilo 7, en Camagüey, pocos meses después de haber sido excarcelado de su anterior condena, lo que evidencia la continuidad de la presión judicial y penitenciaria sobre él.
En relación con la primera condena que se le impuso, fue detenido sin tutela judicial en el contexto represivo del 11J y los días posteriores sin que ningún hecho lo justificara. Durante los años 2023 y 2024, fue objeto de constante hostigamiento dentro del penal, incluyendo amenazas, traslados arbitrarios, aislamiento y nuevas causas penales fabricadas en represalia por sus denuncias públicas. El 18 de agosto de 2025, Mantilla fue liberado tras cumplir íntegramente su sanción, aunque pocos meses después fue nuevamente detenido y procesado por motivos de conciencia.
Virgilio padece problemas de salud crónicos, como una hernia discal y enfermedades óseas, y ya desde su primera condena ha denunciado negaciones en la atención médica y paupérrimas condiciones de reclusión.
El caso de Virgilio Mantilla Arango ilustra el uso reiterado del sistema judicial y penitenciario cubano como instrumento de represión de conciencia, evidenciando un patrón sistemático y redundante de criminalización del activismo pacífico, represalias dentro de prisión y violaciones sistemáticas al derecho a la salud y a la integridad física.
José Daniel Ferrer y Luis Robles: voces de los presos políticos cubanos en el exilio
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue liberado y desterrado el 14 de octubre de 2025, tras cumplir íntegramente, ya desde el 24 de agosto del presente año aunque permanecía en prisión meses después, una condena de 4 años y seis meses de prisión impuesta por motivos políticos. Su salida de la isla no fue voluntaria, sino una expatriación forzosa ejecutada por el régimen cubano como condición impuesta para recuperar su libertad física. El mecanismo de expatriación forzosa fue ampliamente documentado por Naciones Unidas tras la denuncia de Prisoners Defenders documentada con 72 casos únicamente en 2019 (JAL CUB 5/2019).
Luis Robles Elizástigui, conocido como “el joven de la pancarta”, llegó a Madrid el 13 de octubre de 2025 junto a su madre y su hijo de siete años, acogido en España por razones humanitarias. Robles fue encarcelado en diciembre de 2020 por portar una pancarta que pedía libertad y el fin de la represión, y tras casi cinco años de prisión y hostigamiento posterior a su excarcelación, se vio forzado a abandonar Cuba para proteger su vida y la de su familia.
Con el objetivo de visibilizar la represión política en Cuba y presentar estos recientes casos de exilio forzado, el pasado 15 de octubre de 2025, Prisoners Defenders celebró una conferencia de prensa en la Asociación de la Prensa de Madrid con la participación de Luis Robles Elizástigui desde Madrid, y José Daniel Ferrer desde Estados Unidos.
Durante la conferencia, ambos denunciaron las condiciones de tortura, aislamiento y privación de derechos sufridas durante sus años de encarcelamiento, así como el uso de la expatriación forzosa como herramienta de control político por parte del Gobierno cubano. Luis Robles, conocido como “el joven de la pancarta”, recordó su protesta pacífica en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael (La Habana), que le costó una condena de cinco años de prisión por “Propaganda enemiga” y “Desobediencia”. Subrayó que no tenía militancia política y que su acto fue un gesto cívico en defensa de la libertad y contra la represión. Describió las prisiones cubanas como “centros de exterminio” donde los presos son maltratados, privados de alimentos y atención médica, y donde la tortura “es algo normal y el silencio, algo impuesto”.
Robles manifestó su compromiso de utilizar su libertad para dar voz a los presos que aún permanecen encarcelados, especialmente a los jóvenes que, según dijo, “son castigados solo por pensar diferente o querer un país con derechos”. También hizo un llamamiento al pueblo cubano a no guardar silencio ante los abusos, afirmando que “el silencio te hace cómplice de lo mal hecho”.
Por su parte, José Daniel Ferrer, además de detallar algunas de las horribles torturas a las que fue sometido en esta última condena, reafirmó su compromiso con la lucha pacífica por los derechos humanos y denunció que en Cuba la disidencia se castiga con cárcel o con el exilio, calificando su salida del país como “una deportación política, no una liberación real”.
Ambos coincidieron en destacar que la represión en Cuba crece de forma estructural y sistemática. Sus intervenciones concluyeron con un mensaje de esperanza y unidad: la libertad de Cuba es un derecho que pertenece a todos los cubanos y no a un partido o gobierno.
El acto contó con la participación de Javier Nart, Blas Jesús Imbroda y Javier Larrondo, quienes destacaron la necesidad de que la comunidad internacional actúe ante la represión sistemática y el destierro forzoso de activistas y disidentes en la isla.
A la represión se suman emergencias sanitarias y meteorológicas
La situación de los presos políticos en Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. A las condiciones estructurales de represión, hacinamiento (más de 90 mil presos entre rejas), y tortura, documentada por Prisoners Defenders, se suman ahora dos factores agravantes: una emergencia sanitaria provocada por brotes bacterianos y víricos, y los efectos del huracán Melissa, que azotó el oriente del país a finales del pasado mes de octubre, y que han multiplicado las posibilidades de potenciar y cronificar la situación de emergencia sanitaria creada por la bacteria de la Tuberculosis y los virus del Dengue, Oropouche, Covid y Chikunguña, entre otros. De hecho, están tan generalizados los brotes de algunas de estas enfermedades, que muchos pacientes no saben si padecen una u otra, o incluso varias de ellas, como hemos comprobado en algunos casos.
Las cárceles cubanas continúan siendo focos de contagio de estas enfermedades infecciosas debido a la falta de atención médica, el deterioro de las instalaciones, la insalubridad generalizada y la ausencia de procesos de fumigación y desinfección, lo que permite el crecimiento de los vectores de contagio.
En la prisión de Quivicán, provincia de Mayabeque, el activista Alberto Fonseca denunció brotes de hepatitis y virus gripal, mientras que en prisiones de trabajo forzado en Guantánamo se reportaron casos de Dengue, Oropouche y Chikunguña que han afectado a decenas de internos.
Durante el año 2024 en lo que va de 2025, nos ha sido reportada la muerte de decenas de presos comunes por tuberculosis en prisiones de todo el país. La falta de medicamentos, la ausencia de personal médico y el hacinamiento han generado un colapso sanitario dentro del sistema penitenciario con consecuencias mortales: las enfermedades y la desnutrición ya se cobran la vida de cientos de presos cada año. Los brotes de los mencionados virus y bacterias se tornan más mortales por la paupérrima alimentación y el mal estado anímico provocado por el ambiente de maltrato emocional y físico constante, lo que potencia la debilidad inmunológica de los reos.
Las denuncias más recientes reflejan el agravamiento de la situación en la provincia de Matanzas, una de las más afectadas por las epidemias en Cuba. En la prisión Combinado del Sur, los presos enfrentan una situación crítica:
“En la cárcel de hombres de Matanzas, el Combinado del Sur, la situación es terrible. Cuba está atravesando un momento muy difícil, sobre todo esta provincia, con el problema de las epidemias. Hay Chikunguña, Dengue y otras muchas enfermedades. Matanzas es la más afectada de toda Cuba, y hay muchos presos en Combinado del Sur que no reciben ningún medicamento. Cuando se enferman, los aíslan, pero no tienen ni un solo medicamento para darles.” Este testimonio, uno de tantos recogido por Prisoners Defenders, coincide con los reportes de medios independientes sobre la propagación exponencial de los brotes de víricos y bacterianos, y una vez más confirma la ausencia total de protocolos médicos o de prevención sanitaria en los centros penitenciarios.
Las denuncias documentadas evidencian de forma unánime que los reclusos, cuando enferman, son confinados en aislamiento sin tratamiento alguno, lo que vulnera gravemente su derecho a la salud y la vida.
A esta crisis sanitaria se suma el impacto del huracán Melissa, que ha expuesto la precariedad estructural de las cárceles cubanas. Las provincias orientales, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, se encuentran entre las más afectadas por los vientos y lluvias torrenciales.
En Santiago de Cuba, las autoridades se vieron obligadas a evacuar parcialmente la prisión de Aguadores ante el riesgo de derrumbe de muros y techos. Sin embargo, la mayoría de los reclusos, incluidos muchos presos políticos, permanecen en instalaciones sin condiciones mínimas para resistir las consecuencias posteriores a un evento climático extremo, sin electricidad ni acceso seguro a agua potable.
Decenas de presos políticos en huelga de hambre ante la desesperación
En medio de esta emergencia sanitaria, agravada por los estragos del huracán Melissa, los presos políticos cubanos enfrentan un escenario límite de desesperación y resistencia. Ante la combinación de abandono institucional, represión constante, torturas y condiciones de vida infrahumanas, algunos de ellos han optado por la huelga de hambre como último recurso de protesta pacífica frente al silencio del Estado y la indiferencia internacional.
Esta forma extrema de denuncia no solo expresa la magnitud del sufrimiento que padecen, sino también la urgencia de que la comunidad internacional intervenga ante una crisis que ya no es solo política, sino también humanitaria y sanitaria, agravada por desastres naturales que ponen en riesgo inmediato la vida de quienes permanecen injustamente encarcelados.
Es el caso del preso político Yosvani Rosell García Caso, de 37 años, cumple 13 días en huelga de hambre en la Prisión El Yayal – Cuba Sí, en Mayarí, provincia de Holguín, en protesta por el “injusto encierro de los presos políticos que llevan más de cuatro años detenidos sin cambios en su situación”, según denunció su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez.
Mailín Rodríguez relató en este conmovedor vídeo que su esposo se encuentra extremadamente delgado, con la piel pegada a los huesos, y que la última visita se realizó bajo vigilancia. El preso reafirmó su decisión de continuar la huelga. “No reciben atención médica, no sé si lo golpearon, apenas lo vi unos minutos”, declaró, pidiendo apoyo internacional ante la desesperación y el abandono institucional.
Yosvani Rosell García Caso fue condenado a 15 años de privación de libertad por el falso y fabricado delito de “Sedición”, tan sólo por participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 (11J) en Holguín. Durante su reclusión ha sido golpeado, enviado a celdas de castigo, amenazado de muerte, en represalia por su postura crítica frente a las autoridades, y privado recurrentemente de atención médica, como es norma entre los presos políticos. Igualmente, El preso político Daniel Alfaro Frías, condenado a 9 años de privación de libertad, se ha declarado en huelga de hambre y sed en la prisión de Guanajay, provincia de Artemisa, para denunciar las constantes violaciones de derechos humanos y la ausencia total de garantías dentro del sistema penitenciario cubano.
Además, hace apenas unos días 13 presos del Edificio 1 de la Prisión Combinado del Este, la mayoría presos de conciencia, han iniciado una huelga de hambre por la libertad de todos los presos políticos. Los familiares de los presos que envían esta información a las ONGs también son objeto de persecución, por lo que nos vemos obligados a documentar los casos sin dar publicidad sobre las fuentes, incluso recortando y editando los aspectos que pudieran identificarlas.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de octubre
Con cierre de datos a fecha 31 de octubre de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.179 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de noviembre de 2024 a 31 de octubre de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 155 presos políticos nuevos (un promedio de 13 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.238 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.906 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de octubre pasado, en apenas 4 años y cuatro meses, donde 1.759 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de octubre en nuestra lista 11 nuevos prisioneros políticos. Y 17 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.
De los 1.179 prisioneros políticos:
693 Convictos de Conciencia, 450 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.179 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
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11 NUEVOS PRESOS POLÍTICOS EN CUBA MIENTRAS HACINAMIENTO, TORTURAS Y ENFERMEDADES MATAN A CIENTOS DE PRESOS POR TODO EL PAÍS
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