Santo Domingo. – En el marco del proceso de modernización y reforma de la gestión pública, el Poder Ejecutivo emitió, mediante el Decreto No. 714-26, el Reglamento de Coordinación e Interés estratégico de la infraestructura digital del Estado, con la finalidad de asegurar que las inversiones y contrataciones digitales estratégicas de la Administración Pública se realicen de manera coordinada, eficiente, interoperable, segura, sostenible y alineada con las políticas nacionales de transformación digital.
Con esta disposición, el Ministerio de Administración Pública asume la responsabilidad de garantizar que la adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada, interoperable y bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que esta medida marca un hito en la gobernanza tecnológica nacional al dr un paso fundamental en la erradicación de la fragmentación del gasto e inversiones aisladas en las instituciones del Estado.
“A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre los datos de los dominicanos”, señaló.
Interés estratégico nacional
En el artículo 6 del decreto, el Poder Ejecutivo declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como instrumento necesario para mejorar la calidad, continuidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
Esta declaratoria comprende la coordinación de las inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que, por su naturaleza, alcance, criticidad, impacto presupuestario, potencial de reutilización o vinculación con servicios públicos esenciales, se consideren estratégicos y requieran evaluación técnica previa, articulación interinstitucional o gestión conjunta entre dos o más instituciones públicas, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
La normativa aclara que esto no exime a las instituciones públicas del cumplimiento de las normas de contratación pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad, acceso a la información pública, responsabilidad fiscal y demás disposiciones legales aplicables.
Principales novedades e impactos institucionales:
El nuevo reglamento contribuirá a la consolidación de una infraestructura digital del Estado que permita mejorar la prestación de los servicios públicos, optimizar el uso de los recursos públicos, reducir la fragmentación tecnológica, fortalecer la soberanía sobre los datos críticos y garantizar la continuidad operativa de las soluciones digitales utilizadas por la Administración Pública.
Entre sus puntos más relevantes, se encuentran:
Evaluación previa obligatoria: Todas las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación técnica previa emitido por el MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Sostenibilidad y compras conjuntas: Con el apoyo de la Ley de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Administración Pública podrá coordinar licitaciones agregadas entre múltiples ministerios y direcciones públicas, permitiendo negociaciones a escala que generarán ahorros significativos al Erario.
Mesa de articulación técnica: Mediante este decreto se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el Ministerio de Administración Pública y conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad. Soberanía digital y protección de datos: Las soluciones tecnológicas deberán garantizar plenamente la portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica.
Prohibición: El reglamento prohíbe cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus activos de datos.
Uso ético y transparente de la Inteligencia Artificial: Para garantizar los derechos fundamentales, las contrataciones que integren algoritmos o automatizaciones avanzadas deberán regirse bajo criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia.
Con este paso, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la función pública y la construcción de un Gobierno Digital moderno, transparente, eficiente y verdaderamente al servicio de la gente.
