Este martes 1 de abril, la policía política creó todo un cerco policial en torno a la sede de la UNPACU con más de 20 agentes, entre los de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), autos patrulla, policías de tránsito en motocicleta y hasta un carro jaula de la policía con capacidad para realizar detenciones masivas. A pesar de ello, las personas vulnerables saltaron el cerco para poder alimentarse, y 1.281 personas lograron tener acceso al almuerzo en la sede de la UNPACU, y 45 personas recibieron atención médica.
Entre los diversos detenidos el martes, se encuentra el colaborador voluntario Daniel Ferrer Jiménez, que colabora con la UNPACU en labores humanitarias y es padre del prisionero político del 11 de julio, Enrique Ferrer Echavarría. Es su tercera detención en 40 días por esta labor. Fue amenazado que, de continuar ayudando en la labor humanitaria de la UNPACU, iba a ser encarcelado por “peligrosidad”, es decir, la Desobediencia Penal Precriminal. Este tipo penal se basa en la Peligrosidad Social Predelictiva del régimen de los Castro, inspirada en los regímenes de Hitler (párrafo 42 del Código Penal del Tercer Reich de 1937, que denominaba a los infractores como Volksschädling), de la Segunda República Española (la ley de “la Gandula”), o de Francisco Franco (la “Ley de Vagos y Maleantes”). Así, el artículo 434.1 del nuevo Código Penal de Cuba indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien sea proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias al nuevo artículo 189.3, introducido con este fin, que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas arbitrarias advertencias.
Ese mismo día, el martes, temprano detuvieron a un hombre de 60 años, Jorge Luis Colá Montaní, cuando estaba comprando pimientos para llevarlos al comedor social de la UNPACU. También detuvieron a los hermanos Agustín Estrada Rodríguez y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, otros dos colaboradores que son casos de vulnerabilidad social que viven en la extrema pobreza y van a la sede en busca de alimentos, pero también contribuyen trayendo leña.
Durante el mediodía y la tarde del martes día 1, las autoridades detuvieron a más de 40 personas vulnerables, beneficiarios de la ayuda, y les arrebataron y tiraron al suelo la comida obtenida por ellos para alimentarse en la sede de la UNPACU. También les amenazaron con no volver a acudir al comedor social de la UNPACU.
Ayer miércoles día 2 de abril detuvieron al activista Roilán Zárraga Ferrer, dos veces prisionero político, cuando trataba de comprar carbón para el comedor social. También detuvieron a la colaboradora Marilín Thalía Álvarez Pérez, esposa del prisionero político Aníbal Ribiaux Figueredo, quien se encuentra en la prisión de Baraguá, una mazmorra en la que el hambre, el nulo suministro de agua corriente, las enfermedades y las torturas son sus principales características, donde se encuentra en pésimas condiciones, muy delgado, padeciendo de gastritis, hipertensión, dolores de cabeza persistentes, sangrados, hemorroides y escabiosis. Las fuerzas represivas también detuvieron a Adisnubia Rondón Román, colaboradora voluntaria del comedor social, y a su hijo de sólo 17 años de edad, Alexander Fonseca Rondón. A todos ellos los llevaron a la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba.
Igualmente, durante el miércoles día 2 también detuvieron a otras más de 50 personas vulnerables en un local que la policía política ha instalado a dos calles de la UNPACU. La policía política tiró a la basura todos los alimentos que estas personas vulnerables, hombres, mujeres, ancianos y niños, llevaban consigo tras salir del comedor social de la UNPACU.
Debido a esta situación, faltos de combustible, leña y comida para repartir, el comedor social de la UNPACU sólo pudo atender el miércoles a 495 personas vulnerables, ello a pesar de toda la represión.
