Susi Pola
Hace unos días, se hizo pública la denuncia de una menor de 16 años a la Unidad Especializada de la Fiscalía de Higüey, contra Jairo Misael Ramos Taveras, profesor de matemáticas en un centro de educación básica de esa provincia, por presuntamente haberla violado sexualmente desde los 13 años y haberla obligado a abortar.
Detenido, Ramos Taveras cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya CCR-14 de Higüey.
Los datos sobre el caso no han prosperado más allá de saber a la menor de nacionalidad haitiana lo que, se espera, no modifique el peso de la acusación, con el alegato por el abogado del acusado sobre la falsedad del acta de nacimiento que sería la justificación de una relación de “mutuo acuerdo”, obviando el dato de que la menor era abusada desde los 13 años, embarazada y abortada entonces.
Será difícil de dejar pasar, además, la relación profesor alumna para la ética exigida a un docente, como también lo será achacar la condición de migrante, aunque sea irregular y el tiempo de abuso desde los 13 años.
Sin embargo, de ese caso poco se habla porque, ¿sus dolientes no dominan el español como para reclamar. ¿ O por qué, ¿institucionalmente no conviene otro crimen sexual en el ejercicio de la docencia?
La reincidencia del crimen en el sistema de educación recuerda a Esmeralda Richiez, de la misma edad, violada por su profesor en febrero de 2024, muerta a causa de hemorragia posterior a un aborto también obligado.
En mayo de 2023, se hizo público un documento preparado por el Departamento de Orientación y Psicología del MINERD, con datos integrados del Sistema Nacional de Información, SINI, que reportaba que, en lo que iba del año escolar, se registraban 1,154 estudiantes embarazadas, 112 víctimas de violación y otras 28 por incesto.
Un documento alarmante, por cierto, para el país.
Por la incidencia de estos crímenes graves en el marco del sistema educativo, las reacciones institucionalizadas se han esperado más allá de lo acontecido y desde la transparencia, para la tranquilidad de la familia dominicana.
Solo en Higüey, acaba de indicar la Procuraduría General de la República que, en 2024 hubo 127 denuncias de “seducción a menores de edad”, eufemismo legal para señalar la violación sexual.
Por eso, en este 2025, es de esperar que el sistema de educación avance en la solución de este problema con la conciencia y seriedad necesarias para seguridad de las niñas y adolescentes en las escuelas públicas y privadas del país.
